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¿Mejoras o peoras?

Gustavo Riofrío

Las cosas han cambiado mucho en Lima desde que el Alcalde Bedoya y el Alcalde Belmont buscaron financiar respectivamente el “Zanjón” y el intercambio Javier Prado sobre la base de una “contribución por mejoras”, a pesar que la legislación ya lo permitía. En ambos casos hubo oposición a estas obras públicas, señalando que ellas no aumentarían el valor de la propiedad adyacente. Serían “peoras” y no “mejoras” publicitó La Prensa en época de Bedoya, cuando propuso que la ciudad debería sufragarlas de ese modo. ¿Se imagina el lector cuál sería el valor en un centro financiero de San Isidro o de un Jockey Plaza sin esas vías? Hoy todos están agradecidos por estas obras públicas, en particular quienes vieron cómo el valor de su propiedad aumentó de manera impresionante y habiendo pasado las molestias por su construcción. Pues, la Ley de Tributación Municipal y la nueva ordenanza Nº1790 recién aprobada señalan que para que los vecinos (sea de una calle, un barrio o de toda la ciudad, dependiendo del caso) compartan con la ciudad una parte del aumento del valor de su propiedad debido a esa obra, un estudio previo debe mostrar que ese valor aumentará. Además, la autoridad no está autorizada a cobrar un centavo más del costo de la obra; ni siquiera el gasto de cobranza. Más bien, podría cobrar menos. En otros países es posible cobrarla antes que concluya la obra.

Un estudio detallado de las alcabalas mostró que los 9.5 millones que la Municipalidad gastó en peatonalizar hace poco los jirones Ica y Ucayali han aumentado el valor del suelo del área circundante en 10 veces. Más gente camina por allí que por el mismísimo Jirón de la Unión. En esos jirones ya se han abierto 13 nuevos establecimientos que dan vida al Damero, además de la mejora en los negocios y alquileres existentes. Se llegó a la cifra de 94.5 millones de plus-valor deduciendo de la cuenta el aumento del valor del suelo por el aumento general de ese precio en la ciudad y por los beneficios del Metropolitano. La curva de aumento del valor del suelo se disparó en esos jirones cuando el anuncio de la obra, comparada con el aumento de los valores de suelo en Emancipación, Huancavelica y Callao, sus vías paralelas. Si se le hubiera dicho a los propietarios “compartamos la ganancia de ustedes; contribuyan durante 3 años con el costo de la obra, que sólo les disminuirá en 10% la ganancia generada por nosotros” los más emprendedores hubieran aceptado. Otros hubieran dicho “es un robo”, siguiendo el (nuevo) pensamiento Mariátegui y citando, por supuesto, al caso social de quien seguramente hubiera sido exceptuado del gasto por el estudio preliminar o que hubiera hecho ver su situación cuando la consulta previa de la obra.

Siempre hay muchas empresas y vecinos que quisieran priorizar una obra que les beneficia directamente, estando dispuestos a compartir la ganancia que les generará. Las municipalidades (y no sólo la Municipalidad Metropolitana) se llenan de personas o agrupaciones que las buscan para pedirles que hagan tal o cual mejora sustancial u obra nueva y que estarían dispuestos a contribuir económicamente con ello. Los memoriales para ello y las entrevistas personales con los alcaldes llenan escritorios y agendas. Es momento de ponerse una mano en el pecho y otra en el bolsillo.

¿Imagina el lector si en vez de gastar, por ejemplo, 100,000 soles en una obra por “presupuesto participativo” la municipalidad invirtiera el doble si los vecinos deciden pagar la otra mitad en cómodas cuotas durante tres años? Se duplicaría la inversión y más acciones podrían hacerse en menos tiempo. Todo es cuestión de conversar con los interesados teniendo las cifras del proyecto en la mano, tal como manda la ordenanza.

Si se piensa en grandes obras metropolitanas, la ordenanza en cuestión ofrece otras opciones para la realización de proyectos de gran envergadura que no impliquen que las municipalidades se endeuden o reduzcan sus ingresos por plazos demasiado extensos. Eso es lo que se ve en ciudades como Bogotá o Medellín, ahora de moda. Estamos aún lejos de esto, pero la reciente ordenanza Nº1790 sobre Contribución Especial de Obras Públicas (aprobada por el Concejo Metropolitano con sólo un voto en contra) pone a la institución municipal y a toda la ciudad en la senda de la modernización y el mejoramiento de los ingresos propios, esto es, de la sostenibilidad financiera.

En la radio y TV de estos días oímos que es un “impuesto” (Canal 2; es una contribución) y que será obligatorio para “todas las obras futuras” (noticiario RPP), cuando es un mecanismo adicional a los existentes. Es preciso que la demagogia de las elecciones y el anti-Susana no nos vuelva enemigos de la modernidad, pues Lima no lo merece.