¿Mejoras
o peoras?
Gustavo Riofrío
Las cosas han cambiado mucho en
Lima desde que el Alcalde Bedoya y el Alcalde Belmont buscaron financiar
respectivamente el “Zanjón” y el intercambio Javier Prado sobre la base de una
“contribución por mejoras”, a pesar que la legislación ya lo permitía. En ambos
casos hubo oposición a estas obras públicas, señalando que ellas no aumentarían
el valor de la propiedad adyacente. Serían “peoras” y no “mejoras” publicitó La
Prensa en época de Bedoya, cuando propuso que la ciudad debería sufragarlas de
ese modo. ¿Se imagina el lector cuál sería el valor en un centro financiero de
San Isidro o de un Jockey Plaza sin esas vías? Hoy todos están agradecidos por
estas obras públicas, en particular quienes vieron cómo el valor de su
propiedad aumentó de manera impresionante y habiendo pasado las molestias por su
construcción. Pues, la Ley de Tributación Municipal y la nueva ordenanza Nº1790
recién aprobada señalan que para que los vecinos (sea de una calle, un barrio o
de toda la ciudad, dependiendo del caso) compartan con la ciudad una parte del
aumento del valor de su propiedad debido a esa obra, un estudio previo debe
mostrar que ese valor aumentará. Además, la autoridad no está autorizada a
cobrar un centavo más del costo de la obra; ni siquiera el gasto de cobranza.
Más bien, podría cobrar menos. En otros países es posible cobrarla antes que
concluya la obra.
Un estudio detallado de las
alcabalas mostró que los 9.5 millones que la Municipalidad gastó en
peatonalizar hace poco los jirones Ica y Ucayali han aumentado el valor del
suelo del área circundante en 10 veces. Más gente camina por allí que por el
mismísimo Jirón de la Unión. En esos jirones ya se han abierto 13 nuevos establecimientos
que dan vida al Damero, además de la mejora en los negocios y alquileres existentes.
Se llegó a la cifra de 94.5 millones de plus-valor deduciendo de la cuenta el
aumento del valor del suelo por el aumento general de ese precio en la ciudad y
por los beneficios del Metropolitano. La curva de aumento del valor del suelo
se disparó en esos jirones cuando el anuncio de la obra, comparada con el
aumento de los valores de suelo en Emancipación, Huancavelica y Callao, sus
vías paralelas. Si se le hubiera dicho a los propietarios “compartamos la ganancia
de ustedes; contribuyan durante 3 años con el costo de la obra, que sólo les
disminuirá en 10% la ganancia generada por nosotros” los más emprendedores
hubieran aceptado. Otros hubieran dicho “es un robo”, siguiendo el (nuevo)
pensamiento Mariátegui y citando, por supuesto, al caso social de quien
seguramente hubiera sido exceptuado del gasto por el estudio preliminar o que hubiera
hecho ver su situación cuando la consulta previa de la obra.
Siempre hay muchas empresas y
vecinos que quisieran priorizar una obra que les beneficia directamente,
estando dispuestos a compartir la ganancia que les generará. Las
municipalidades (y no sólo la Municipalidad Metropolitana) se llenan de
personas o agrupaciones que las buscan para pedirles que hagan tal o cual mejora
sustancial u obra nueva y que estarían dispuestos a contribuir económicamente
con ello. Los memoriales para ello y las entrevistas personales con los
alcaldes llenan escritorios y agendas. Es momento de ponerse una mano en el
pecho y otra en el bolsillo.
¿Imagina el lector si en vez
de gastar, por ejemplo, 100,000 soles en una obra por “presupuesto
participativo” la municipalidad invirtiera el doble si los vecinos deciden
pagar la otra mitad en cómodas cuotas durante tres años? Se duplicaría la
inversión y más acciones podrían hacerse en menos tiempo. Todo es cuestión de
conversar con los interesados teniendo las cifras del proyecto en la mano, tal como
manda la ordenanza.
Si se piensa en grandes obras
metropolitanas, la ordenanza en cuestión ofrece otras opciones para la
realización de proyectos de gran envergadura que no impliquen que las
municipalidades se endeuden o reduzcan sus ingresos por plazos demasiado
extensos. Eso es lo que se ve en ciudades como Bogotá o Medellín, ahora de
moda. Estamos aún lejos de esto, pero la reciente ordenanza Nº1790 sobre
Contribución Especial de Obras Públicas (aprobada por el Concejo Metropolitano
con sólo un voto en contra) pone a la institución municipal y a toda la ciudad
en la senda de la modernización y el mejoramiento de los ingresos propios, esto
es, de la sostenibilidad financiera.
En la radio y TV de estos
días oímos que es un “impuesto” (Canal 2; es una contribución) y que será
obligatorio para “todas las obras futuras” (noticiario RPP), cuando es un
mecanismo adicional a los existentes. Es preciso que la demagogia de las
elecciones y el anti-Susana no nos vuelva enemigos de la modernidad, pues Lima
no lo merece.
